El accidentado camino de la gratuidad

Enrique Manzur

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) representó un duro revés para la propuesta del gobierno de entregar gratuidad a los estudiantes más vulnerables (5 primeros deciles) que estudien en universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y algunas universidades privadas, IP y CFTs, al considerar que los criterios utilizados en la glosa para la elegibilidad de las instituciones establecía una discriminación arbitraria. Como consecuencia, a menos de una semana de que los más de 250.000 alumnos que rindieron la PSU conozcan sus resultados y comiencen el proceso de postulación, no existe claridad respecto de las instituciones que ofrecerán gratuidad. Por otra parte, tampoco las instituciones conocen el procedimiento por el cual se transferirán los recursos y el monto de los mismos, lo que genera incertidumbre en su marco presupuestario.

El proyecto de gratuidad ha resultado más complejo y controversial de lo que la Presidenta pudo imaginar cuando, sorpresivamente, lo anunció en su discurso del 21 de mayo. Desde esa fecha se fueron conociendo variadas propuestas y sucesivas modificaciones, tanto en términos de los estudiantes beneficiados como de los criterios de elegibilidad de las instituciones. Solo a manera de breve resumen, inicialmente se propuso que la gratuidad alcanzaría a los estudiantes pertenecientes a los 6 primeros deciles, pero rápidamente se redujo a 5 al incorporar las restricciones presupuestarias. También, primero se consideró incluir solo a las 25 universidades pertenecientes al CRUCH (16 estatales y 9 privadas tradicionales) para luego ampliarse a algunas instituciones privadas, utilizando para ello los criterios que posteriormente el TC consideró inconstitucionales.

Lamentablemente, en el debate ha primado la ideología de unos y otros más que el análisis objetivo y técnico de los antecedentes disponibles. Ello a pesar de que para la mayoría de la ciudadanía no es tan importante si el financiamiento de la gratuidad es a través de la oferta (dirigido a las instituciones) o a la demanda (dirigido a los estudiantes), siempre y cuando el mecanismo considere al menos cuatro aspectos básicos: i) el nivel real de vulnerabilidad de los estudiantes, ii) el esfuerzo y mérito académico, iii) la calidad y pluralismo del proceso educativo y iv) la transparencia de la institución respecto al uso de los recursos públicos que recibe. Por ejemplo, hoy únicamente las universidades estatales están obligadas a cumplir con la Ley de Transparencia y ser fiscalizadas por la Contraloría; sin duda estos debieran ser elementos a discutirse en la Ley de Educación Superior.

Por último, una muestra de que existen distintas alternativas es el hecho que la Universidad de Chile desde 2010 le otorga gratuidad a todos los estudiantes pertenecientes a los cuatro primeros deciles. Para lograrlo se suplementa la Beca Bicentenario, que dichos estudiantes reciben del Estado y que cubre solo el arancel de referencia, con la Beca Equidad financiada por la universidad. Lo anterior ha permitido que hoy más de 7 mil estudiantes vulnerables y talentosos estudien gratuitamente.